Según el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo de la UNCTAD de 2019, publicado hoy, la banca pública debería recuperar su papel tradicional, de mayor relevancia, si se quiere transformar el panorama ambiental y económico para 2030.
Tratar de apalancar financiación privada canalizando el dinero público a través de los gigantes de la banca mundial o del sistema bancario paralelo podría generar nuevos costos y vulnerabilidades, y no así más inversiones financieras en energía, empleos y desarrollo más limpios y ecológicos.
En el informe se pide que la banca cambie de enfoque, rechazando la financiarización actual de los mercados, que se han centrado sistemáticamente en las actividades especulativas y en sectores productivos insuficientemente atendidos. La UNCTAD sostiene que la banca pública es la que hace el trabajo pesado y, por lo tanto, debería recibir más apoyo para atender las necesidades del futuro.
Los bancos públicos están diseñados para ser diferentes de los bancos privados; para centrarse en proyectos a largo plazo cuyos beneficios superan las meras ganancias comerciales y en sectores y lugares que las finanzas privadas ignoran. A pesar del continuo bombardeo ideológico, los bancos públicos de numerosos países ya lo están haciendo, especialmente en el mundo en desarrollo, donde los bancos y fondos dirigidos por y para el Sur han incrementado sus préstamos para el desarrollo en cientos de miles de millones de dólares.
Sin embargo, el análisis de la UNCTAD muestra que los bancos públicos, y especialmente los bancos de desarrollo, no están suficientemente capitalizados para asumir el papel más amplio que les corresponde. Algunos bancos están muy comprometidos con esta visión —por ejemplo, el Banco de Desarrollo de China tiene préstamos concedidos por encima del 13,4 % del PIB de China y el Banco Coreano de Desarrollo se sitúa en el 10,5 % del PIB de Corea, pero otros bancos públicos de países como la India, Malasia, México, la Federación de Rusia y Sudáfrica tienen carteras raquíticas de préstamos equivalentes a entre el 1 % y el 2 % del PIB de sus países. Esto no es ni mucho menos suficiente para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible o para llegar a un Nuevo Pacto Verde Mundial.
Otro factor limitante es el bajo ratio entre préstamos y capital social que presentan muchos bancos. Esto crea dificultades sobre todo en los bancos de desarrollo que se financian en los mercados de capitales nacionales e internacionales. Dado que los bancos tienen una base de capital fija, el volumen de sus préstamos está limitado por la percepción que los mercados tienen sobre su solvencia, que depende en gran medida de sus calificaciones crediticias. Los esfuerzos de los bancos por lograr altas calificaciones están limitando innecesariamente sus préstamos en hasta 1 billón de dólares, según las estimaciones de las propias agencias de calificación crediticia.
El informe sostiene que un mayor apoyo de los poderes públicos es esencial para aprovechar las oportunidades positivas que la banca pública ya está creando. Las acciones sugeridas incluyen:
- Liberar a los bancos centrales de su obcecación con las metas de inflación para que puedan recuperar el papel más audaz que históricamente han venido desempeñando y contribuir a un Nuevo Pacto Verde Mundial. Deberán centrar su atención en conceder créditos y orientarlos hacia actividades más ecológicas —emitiendo, por ejemplo, bonos verdes— y, si es necesario, asumir la función de compradores de última instancia.
- Extender más capital a los bancos de desarrollo y a otros bancos públicos para que puedan ampliar sus carteras de préstamos; entre otros medios, financiándolos directamente y permitiéndoles reinvertir sus beneficios.
- Dirigir los recursos de los fondos soberanos de inversión, cuyos activos bajo gestión se estiman en 7,9 billones de dólares, hacia las necesidades de desarrollo, por ejemplo, apoyando a los bancos de desarrollo.
- Garantizar que el marco regulador de la banca tenga más en cuenta a los bancos públicos y especialmente a los bancos de desarrollo; estos últimos deberían eximirse de los acuerdos de Basilea o recibir un trato especial que reconozca sus características y mandatos distintivos.
- Una revisión por parte de los Gobiernos de los requerimientos a los que sus bancos deberían estar sujetos para alcanzar calificaciones crediticias óptimas; así como un examen riguroso de las instituciones financieras de desarrollo por un organismo internacional de gran credibilidad, distanciándose de lo que suele esperarse de las agencias de calificación crediticia.
- Allí donde la extensión de crédito para la transformación verde, o la expansión cuantitativa (‘QE’) puedan no ser viables para los países en desarrollo (debido al riesgo de provocar crisis cambiarias o de balanza de pagos), los bancos implicados de los países avanzados podrían brindar directo apoyo a las inversiones ecológicas en los países en desarrollo.
- La banca pública debe estar respaldada por un mandato claro de los Gobiernos y por indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas que valoren los beneficios sociales y de desarrollo a largo plazo, y no solo los réditos financieros.
- Los bancos públicos no deben desviarse de su propósito. Esto es motivo de preocupación, en particular debido a la promoción algunos enfoques de ampliación, que implican una “cascada” de condiciones y garantías asociadas a los préstamos del Banco Mundial, o que inducen a volver a los métodos de “trocear y distribuir” que se practicaron con las obligaciones respaldadas con deuda.
