Según el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019 de la UNCTAD, publicado hoy, en nuestras manos está lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas antes de 2030, pero solo si encontramos la voluntad política para cambiar las reglas del juego económico internacional y adoptamos políticas que aumenten los recursos necesarios para dar un fuerte impulso a la inversión, empezando por el sector público, y pongan a la economía mundial en la senda de la expansión.
“La economía mundial no sirve a todos por igual. Tal como están configuradas actualmente las políticas, las normas, las dinámicas de mercado y el poder empresarial, es probable que las diferencias económicas se agranden y la degradación ambiental se intensifique”, declaró Richard Kozul-Wright, director de la división de la UNCTAD que elaboró el informe.
El informe retoma las políticas distintivas de la Gran Depresión y las proyecta a escala mundial en forma de un New Deal verde global, proponiendo un marco de políticas para poner fin a los años de austeridad e inseguridad posteriores a la crisis financiera mundial, contribuir al logro de una distribución más equitativa de los ingresos y revertir decenios de degradación ambiental. En él se plantea una serie de medidas de reforma para hacer que la deuda, el capital y los bancos se pongan al servicio del desarrollo y financien un pacto.
El cambio climático ya está causando graves estragos en todo el mundo y representa una amenaza existencial. La descarbonización de la economía global requerirá un aumento considerable de la inversión pública, especialmente en sistemas de transporte, energía y alimentación no contaminantes. Ese proceso deberá estar respaldado por políticas industriales eficaces, que contemplen ayudas públicas, incentivos fiscales, préstamos y garantías específicos y una mayor inversión en investigación, desarrollo y adaptación tecnológica.
En el informe se aboga por una nueva generación de acuerdos comerciales y de inversión que sustenten esas políticas y por cambios en las leyes de propiedad intelectual y de acuerdos de licencias. Los países en desarrollo requerirán, no obstante, medidas más concretas y un apoyo financiero específico que les permitan evitar las vías de desarrollo intensivas en carbono.
En el informe se propone una hoja de ruta con la que las economías desarrolladas pueden alcanzar unas tasas de crecimiento del PIB entre un 1 % y un 1,5 % superiores a las generadas con los actuales patrones de demanda mundial. En las economías en desarrollo las ganancias serán mayores, de entre un 1,5 % y un 2 % anual, excepto en China, donde serán más moderadas.
¿De verdad podemos tenerlo todo en un mundo que ya acusa graves problemas ambientales?
Según cálculos de los economistas de la UNCTAD, si se proyecta un incremento anual de la inversión verde total equivalente al 2 % de la producción mundial —aproximadamente 1,7 billones de dólares o solo un tercio de las actuales subvenciones públicas a los combustibles fósiles—, se podría generar un aumento neto del empleo mundial de al menos 170 millones de puestos de trabajo, junto con una industrialización más limpia en el Sur y una reducción general de las emisiones de carbono para el año marcado como meta en la Agenda 2030.
Pero el informe también sostiene que aumentar las exigencias de inversión para erradicar la pobreza y alcanzar los objetivos de nutrición, salud y educación impondrá una carga financiera insostenible para muchos países en desarrollo, por lo que será necesario reformar el sistema comercial, financiero y monetario internacional en mayor profundidad si se quiere cumplir en el plazo previsto lo estipulado en la Agenda 2030.
Desde la crisis financiera mundial, la aplicación de soluciones de mercado para los problemas mundiales no ha logrado aumentar la sostenibilidad económica, social y ambiental de las economías. En el informe de este año se cuestionan las propuestas orientadas a seguir haciendo más de lo mismo, a saber, intentar maximizar la financiación de los ODS amalgamando recursos para el desarrollo públicos y fuentes privadas (‘blended development finance’), valiéndose de productos y técnicas tomados del manual estratégico de los conglomerados bancarios. Esas soluciones nunca han logrado estimular la inversión productiva y fueron determinantes en el ciclo de expansión-contracción que condujo a la crisis financiera mundial de 2008.
En cambio, el informe propone una serie de medidas y reformas que darían al sector público las riendas de la financiación del New Deal verde global, y exhorta a la comunidad internacional a concitar la voluntad política para promover esa agenda.
Para que el paquete mundial de reformas funcione, es imprescindible revertir los efectos de varias décadas en las que se ha marginado al sector público y se ha reducido la proporción de los ingresos del trabajo relativa a los beneficios empresariales. Habida cuenta de los efectos positivos que el incremento de la inversión pública y el aumento de los salarios tienen en el consumo y la inversión privada, es esencial velar por que las empresas paguen la parte que les corresponde (gráfico 1).
El paquete de políticas deberá adecuarse a cada país, pero en todos los casos se incluirán estímulos fiscales, inversión pública en infraestructura y energía verde y medidas para aumentar los salarios (gráfico 2).
Gráfico 1a - Rompiendo el contrato social
Gráfico 1b - No son tiempos tan gravosos (para algunos) Tipos impositivos medios para las corporaciones; grupos de países seleccionados, 2000-2018
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de información de la base de datos Corporate Tax Statistics de la OCDE.
Gráfico 2a - Reparando el contrato social: ingresos del trabajo como porcentaje del PIB
Gráfico 2b - Crecimiento total de la inversión (pública y privada)
(En dólares constantes de 2005, paridad del poder adquisitivo, variación porcentual interanual)
La expansión fiscal, que debe sufragarse con aumentos impositivos progresivos y generación de crédito, también es más efectiva si está coordinada, lo que aumenta su capacidad de autofinanciación. Su eficacia depende del grado en que el impulso fiscal inicial estimule (o atraiga) la inversión privada. Dado que la demanda de muchas economías es actualmente insuficiente, el informe prevé que los estímulos fiscales impulsarán la inversión privada y, por consiguiente, el crecimiento de la productividad.
Según Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD, “para satisfacer las demandas de financiación de la Agenda 2030, es necesario reconstruir el multilateralismo en torno a la idea de un New Deal verde global y, por extensión, de un futuro financiero colectivo muy diferente del pasado reciente”. En el informe se proponen una serie de medidas de reforma para hacer que la deuda, el capital y los bancos se pongan al servicio del desarrollo, entre ellas:
- Ampliar la función de los derechos especiales de giro como mecanismo de financiación flexible y ampliable que vaya más allá de la provisión de liquidez, a fin de dar respuesta a los continuos llamamientos a la creación de un fondo mundial de protección ambiental que aporte financiación previsible y estable en situaciones de emergencia sin condicionalidades estrictas en materia de políticas ni criterios de admisibilidad restrictivos.
- Crear un programa mundial de préstamos concesionales para los ODS destinado a los países en desarrollo de ingreso bajo e ingreso mediano bajo, que combine un mecanismo de refinanciación diseñado de manera que los países participantes puedan obtener préstamos en condiciones favorables y otro mecanismo de préstamo que proporcione la parte de financiación externa que sea precisa para cubrir las necesidades brutas de financiación del sector público hasta 2030.
- Establecer un fondo mundial de desarrollo sostenible que los países donantes capitalicen y repongan haciendo efectivos sus compromisos incumplidos de dedicar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo, proporcionando recursos específicos para compensar la parte que no desembolsaron en las últimas décadas (según los cálculos, más de 3,5 billones de dólares desde 1990).
- Reforzar la cooperación monetaria regional para refinanciar y promover el comercio intrarregional y crear cadenas de valor intrarregionales, pasando de los simples acuerdos regionales de canje de divisas y constitución de reservas mancomunadas destinados a resolver los problemas de liquidez a un desarrollo pleno de sistemas de pago regionales y uniones de compensación propias.
- Establecer un marco normativo para facilitar la reestructuración ordenada y equitativa de la deuda soberana cuyo servicio no pueda atenderse con arreglo a lo estipulado en los contratos originales, regido por un conjunto de principios acordados y de normas de derecho internacional.
- Limitar los flujos financieros ilícitos por motivos tributarios mediante un sistema de tributación unitaria que reconozca que los beneficios de las empresas multinacionales se generan de manera colectiva al nivel del grupo, y que se complementaría con un tipo mínimo efectivo global del impuesto de sociedades aplicable a las empresas multinacionales, fijado entre aproximadamente el 20 % y el 25 %, que es el promedio de los tipos nominales aplicados actualmente en todo el mundo.
- Convertir los controles de capital en un instrumento de política permanente, manteniendo la gestión de la cuenta de capital fuera del ámbito de los acuerdos regionales y bilaterales y ofreciendo coordinación y supervisión multilateral de, por ejemplo, las salidas de capital de los países desarrollados.
- Crear una red formada por los principales bancos centrales que, alejándose del enfoque centrado únicamente en la estabilidad de los precios y la fijación de objetivos de inflación, promueva activamente la financiación para hacer frente al cambio climático y sirva de respaldo a la financiación verde por medio de bancos públicos especializados y a través de mecanismos orientativos más generales, como la expansión cuantitativa.
- Aportar más capital a los bancos de desarrollo y a otros bancos públicos para que puedan aumentar la financiación para el desarrollo; destinar recursos de los fondos soberanos, que gestionan 7,9 billones de dólares de activos, para satisfacer las necesidades de desarrollo, entre otras cosas apoyando a los bancos de desarrollo; y coordinar la nueva generación de bancos del Sur para establecer vínculos de financiación Sur-Sur más sólidos.
