Participantes en la reunión sobre biocombustibles analizan tendencias y políticas para conciliar los beneficios con consideraciones como la seguridad alimentaria

La compleja evolución de las políticas en materia de biocombustibles y la forma en que los países en desarrollo pueden participar en este mercado energético en crecimiento, sin descuidar cuestiones conexas como la seguridad alimentaria y el progreso tecnológico, fueron tema de debate entre los expertos que participaron en una reunión celebrada el 19 de marzo.

La reunión, titulada Trends in Global Biofuels Markets: Sustainability Policy and Trade (Evolución de los mercados mundiales de biocombustibles: políticas de sostenibilidad y comercio) fue organizada conjuntamente por la UNCTAD, el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente.

Los biocombustibles son actualmente la única alternativa rentable a los combustibles fósiles en el sector de los transportes, en particular gracias a su compatibilidad con los vehículos y las infraestructuras energéticas existentes. Ahora bien, la utilización de los biocombustibles y las iniciativas destinadas a fomentarla, basadas en preocupaciones ambientales, las fluctuaciones de los precios en los mercados agrícolas internacionales y la complejidad de las políticas energéticas han creado un panorama complicado para los gobiernos que intentan adoptar estrategias inteligentes en materia de energía, agricultura, seguridad alimentaria y crecimiento económico.

La reunión se organizó con el fin de examinar las tendencias recientes y contribuir a la formulación de políticas coherentes y concertadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En una declaración conjunta, las organizaciones auspiciadoras del evento indicaron que la reunión era "una iniciativa destinada a aumentar la coherencia de las políticas en ese ámbito, particularmente complejo, y hacer confluir los debates que se realizan por separado en las capitales nacionales y en diferentes instancias de la arquitectura de gobernanza internacional".

El objetivo era identificar propuestas constructivas sobre la forma de conciliar una intensificación de la utilización de los biocombustibles con cuestiones como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, y al mismo tiempo permitir que los avances tecnológicos habiliten a los países en desarrollo para participar en el mercado energético creciente de los biocombustibles, si así lo desean.

Los organismos auspiciadores señalaron los aspectos que complicaban la cuestión, como "las persistentes distorsiones en los mercados internacionales de productos básicos agrícolas y la complejidad de las políticas en materia de productos y servicios relacionados con la energía". Añadieron que en la Unión Europea se estaban examinando propuestas de revisión de la legislación relativa a los combustibles renovables, mientras que en los Estados Unidos el elevado precio del pienso para animales había suscitado un debate sobre las prescripciones en materia de mezcla, es decir la proporción en que se han de mezclar los biocombustibles con el petróleo.

También indicaron que era importante que las nuevas políticas y normas permitieran obtener mejores resultados desde el punto de vista ambiental, en particular en lo relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero, pues los países estaban empeñados en intensificar su lucha contra el cambio climático. Sin embargo, también era necesario que los encargados de formular políticas tuvieran cuidado de que los cambios en los marcos de políticas en un país no perjudicaran injustamente a los productores de otros países. En particular, cabía señalar que los países en desarrollo tenían el derecho legítimo de emprender proyectos de biocombustibles que correspondieran a sus prioridades económicas, les facilitaran el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y contribuyeran al desarrollo rural.

La reunión contó con la participación de funcionarios públicos, especialistas en energía, economistas del desarrollo, representantes del sector privado y representantes de varias organizaciones de defensa del medio ambiente.
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